El Ministerio de Justicia no contempla adoptar ninguna medida en la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal tendente a sancionar al medio de comunicación que publique información que esté bajo secreto de sumario, según informaron a Europa Press fuentes del departamento. 
El departamento, que en octubre llevará este redactado al Consejo de Ministros, ha explicado que el texto no adoptará ninguna medida contra los informadores, siempre y cuando su publicación no colisione con el derecho a la intimidad o al honor de los ciudadanos con la publicación de informaciones que puedan considerarse «difamantes».
En ese caso, han destacado que la regulación actual ya da potestad al juez para que resuelva el conflicto entre estos derechos y el de la libertad a la información consagrados en la Constitución. Entre las medidas dirigidas a «no perturbar» las actuaciones sumariales de las que ha hablado el ministro Alberto Ruiz-Gallardón, han aludido a la limitación de la duración de las causas declaradas secretas.
Gallardón ha asegurado en los pasillos del Congreso que no acotará el derecho fundamental a la libertad de información, aunque sí establecerá «medidas» para «limitar» en «lo máximo posible» cualquier «tipo de perturbación sobre las actuaciones sumariales».
La Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) y la Asociación de la Prensa de Madrid (APM) han advertido de que limitar las noticias que los medios puedan publicar sobre sumarios judiciales, como se pretende en la propuesta elaborada por un grupo de expertos para modificar la Ley de Enjuiciamiento Criminal, «coarta la libertad de información» y «retrotrae a España 30 años atrás».
«En una sociedad democrática como la española no entiendo que a priori y antes incluso de la publicación de una noticia ya se amenace», ha señalado a Europa Press la presidenta de la FAPE, Elsa González, quien ha considerado «inconcebible que una ley de este tipo prospere en una sociedad democrática». «¿En cuántas ocasiones si no se hubiera filtrado algunos de esos sumarios no se hubieran destapado corrupciones?», se ha preguntado.
González ha indicado que la FAPE ya remitió al ministro una carta expresando su rechazo a la medida y continuará tomando medidas para tratar de evitar que prospere, porque «entorpecerá la labor del periodista y aportará casi censura y autocensura» a los medios de comunicación. «La calidad democrática depende el ejercicio del periodismo», ha recordado.