El presidente de la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (Fape), Nemesio Rodríguez, ha asegurado que si los grupos parlamentarios deciden abordar alguna vez el desarrollo legislativo del secreto profesional es imprescindible que previamente escuchen a las organizaciones de periodistas, con la FAPE a la cabeza. «Yo, por mi parte, estoy en contra de que se intente regular para restringir libertades. En todo caso, sería partidario de un desarrollo corto de artículos, similar al de la Ley de la Cláusula de Conciencia, y con un contenido excepcional de limitaciones en la misma línea de lo que refleja el código deontológico de la FAPE«, ha dicho.
Nemesio Rodríguez ha recordado cómo el caso balear (Cusarch) abrió un profundo debate sobre el secreto profesional de los periodistas, en el que se insistió mucho en la necesidad de desarrollar una ley que lo regulara, en cumplimiento del artículo 20 de la Carta Magna. No obstante, y pese al mandato constitucional, el Parlamento, que sí ha desarrollado legislativamente el derecho a la cláusula de conciencia, sigue sin hacerlo respecto al secreto profesional.
El presidente de la Federación ha destacado que el secreto profesional ya está desarrollado de alguna manera en los códigos deontológicos de las organizaciones profesionales de periodistas. Concretamente, el de la FAPE establece el derecho y el deber del periodista a la hora de garantizar la confidencialidad de las fuentes de información, y también las limitaciones.
Rodríguez ha disertado sobre este asunto en la conferencia que ha ofrecido ayer por la tarde sobre «El secreto profesional, derecho y deber de los periodistas», organizada por la Universidad Miguel Hernández y el Instituto Juan Gil Albert, en colaboración con laAsociación de Informadores de Elche, en la que también ha participado María Aránzazu Moretón, profesora titular de Derecho Constitucional de la Universidad de Valladolid.
En su conferencia, Rodríguez ha señalado que el secreto profesional es uno de pilares fundamentales del periodismo y que no se trata solo de un derecho de los periodistas, sino también de un deber: el de proteger la identidad de las fuentes y, al mismo tiempo, garantizar el derecho de información de los ciudadanos.
Además, ha destacado la dificultad que implica fijar los límites del secreto profesional y las diferentes posturas existentes sobre cuándo un periodista puede levantarlo. «Unos dicen que nunca y otros lo admiten en los casos en que la fuente mienta o trate de manipularte. También es contrario a la ética más elemental que se oculten las fuentes para difundir rumores o mentiras amparándose en el secreto profesional».
Sin olvidar que la relación del periodista con la fuente se basa en la confianza, y dado que ningún derecho es ilimitado, el presidente de la FAPE ha pedido que el uso del secreto profesional se haga con honestidad y rigor, «porque no todo vale en periodismo».
Como recomendación profesional, ha subrayado que la mejor fuente es la que se identifica con nombre y apellidos, aunque los periodistas, para dar a sus destinatarios información vital, pueden a veces obtenerla de fuentes que no quieren identificarse, ya que incluso, en ocasiones, ese anonimato es necesario para preservar su vida, su seguridad o su trabajo. «Lo que no debemos hacer es quedarnos solo con esa información que nos facilita la fuente anónima. Tenemos que confirmarla, ampliarla y explicarla», ha concluido.