La Plataforma en Defensa por la Libertad de Información (PDLI) ha recordado al Gobierno de Pedro Sánchez los principales retos que tendrá que afronta.
Propone estas 10 medidas urgentes:
- Derogación de la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana, conocida como ‘Ley Mordaza’. Es una norma innecesaria para garantizar la seguridad de los ciudadanos y que, en cambio, ha sido muy eficaz reprimiendo derechos y libertades. Así se desprende de los propios datos del Ministerio del Interior, que ponen en evidencia un patrón sancionador, siendo los artículos más imprecisos los que más se han aplicado.
Las sanciones por supuestas infracciones del artículo 37.4 sobre “faltas de respeto y consideración” a miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, fueron las más numerosas, en una progresión que no ha dejado de crecer llegando a triplicarse entre 2016 y 2017. En total, a causa de este precepto se han impuesto 65.007 multas por un importe de 9.730.644 euros desde la entrada en vigor de la ley.
- Reforma del Código Penal.Derogando artículos como los de ofensa a los sentimientos religiosos, insultos a la Corona o los de injurias y calumnias; y modificando otros como los referidos a los de discurso del odio o terrorismo.
El Código Penal es, para la PDLI, el principal causante de los ataques más serios contra la libertad de expresión. El informe anual de la PDLI menciona más de diez artículos en los que no se están respetando los parámetros de la ONU. También periodistas y medios de comunicación sufrieron la aplicación de estos artículos tan lesivos para la libertad de expresión.
- Culminar la reforma de RTVE y conceder frecuencias a los medios comunitarios imprescindibles para el pluralismo informativo y el derecho a la información.Cuando en marzo de 2019 se disolvió la legislatura, el Congreso aprobó incluir, en la “relación de iniciativas que se trasladan a las cámaras que se constituyan en la XIII legislatura”, el resultado del Concurso público para la selección de los miembros del Consejo de Administración y del presidente de la Corporación RTVE. Sin embargo, en estos meses, no se ha producido ningún avance y RTVEsigue en una situación de provisionalidad.
En cuanto a los medios comunitarios, la PDLI, junto con el colectivo que integra a estos medios (ReMC) y la Federación de Sindicatos de Periodistas, considera que los medios comunitarios deben gozar de seguridad jurídica para operar (licencias o instrumentos análogos), protección ante interferencias de emisoras comerciales piratas y acceso a medidas de fomento impulsadas por las administraciones públicas.
- Transparencia: protección legal de los alertadores/informadores y de las plataformas, medios y periodistas que publican filtraciones de interés público.
Para mejorar en transparencia y libertad de información es imprescindible garantizar la inmunidad de las personas que denuncian la corrupción en organizaciones públicas y privadas. La PDLI propone que se regule la figura del alertador/informador con una transposición adecuada de la reciente Directiva del Consejo la Unión Europea y que se modifique el Código Penal para reformar el artículo 197 relativo a la revelación de secretos.
- Reparto equitativo a los medios de la publicidad institucional. La falta de transparencia y equidad en el reparto de los contratos publicitarios entre los distintos medios favorece la competencia desleal entre las empresas informativas, suponiendo un obstáculo para la libertad de información.
Para acabar con estas situaciones, la PDLI plantea, por un lado, unos requisitos legales más estrictos, y, por otro, una mayor transparencia en la información sobre contratación de publicidad.
- Mejorar la Ley de Transparencia.Es imprescindible la mejora de la Ley de Transparencia, en consonancia con los niveles internacionales más exigentes para este tipo de normas. Es necesario reconocer el derecho de acceso a la información como un derecho fundamental, siguiendo lo establecido por la jurisprudencia internacional.
- Garantizar la seguridad de los/as periodistas frente a cualquier clase de violencia. Es necesario que España desarrolle los principios de la Declaración Internacional sobre la Protección de los y que estas medidas alcancen a cualquier informador, en particular a los que no cuentan con el apoyo de grandes medios. Por otro lado, urge actuar ante un problema emergente como es el acoso online a mujeres periodistas, cuya solución, si bien no es legislativa, sí requiere del compromiso de todos los poderes públicos.
- Reformar la Ley de Enjuiciamiento Criminal, prohibiendo el espionaje preventivo.Algunas de las principales amenazas de la nueva ley son la posibilidad de ordenar la instalación de programas espía (troyanos) para investigar cualquier delito en la red, los “agentes encubiertos informáticos” que, además, podrán intercambiar archivos ilícitos, o la instalación secreta de dispositivos de localización.
- Proteger las libertades de expresión e información en Internet
La Ley de Propiedad Intelectual (LPI) o la Ley de Enjuiciamiento Criminal de nuestro ordenamiento incluye previsiones que suponen una injerencia desproporcionada en las libertades en Internet. La más reciente, el llamado ‘Decretazo Digital’. Debemos vigilar los intentos de usar el llamado discurso del odio para limitar las libertades en Internet como excusa para la defensa de la seguridad nacional o la lucha contra las noticias falsas, la desinformación.
- Mejorar el derecho de acceso a la Justicia: Dotar de medios a la Justicia y apoyar el Turno de Oficio es imprescindible para garantizar el disfrute efectivo de nuestros derechos y libertades, entre ellos la libertad de expresión e información.