La Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE), el Foro de Organizaciones de Periodistas (FOP) y la Asociación Nacional de Informadores Gráficos, Prensa y Televisión (ANIGP-TV) han advertido que algunas de las sanciones recogidas en el borrador del Anteproyecto de Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana son «desproporcionadas» y «pueden colisionar con el derecho constitucional a la información»
En una misiva dirigida al ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, las asociaciones subrayan que «algunos artículos» del borrador pueden chocar con el derecho a la información y «ocasionar inseguridad jurídica, con sanciones que podrían considerarse como desproporcionadas, tanto a los periodistas que estén cumpliendo con su trabajo en lugares públicos donde intervengan agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, así como para los editores que publiquen estos contenidos».
En este sentido, declaran su «sorpresa y preocupación» ante el borrador y han solicitado una reunión con el ministro «con el fin de poder abordar posibles discrepancias y lograr que se modifique esta propuesta inicial, en beneficio del trabajo de los profesionales y de los medios de información, así como de los ciudadanos, que son los destinatarios del mismo».
En el anteproyecto se contempla como infracción «muy grave», sancionada con entre 30.001 y 600.000 euros, el uso y la distribución de imágenes de los policías, así como datos personales de los agentes con fines que puedan suponer un atentado contra su intimidad, su familia o que puedan poner en riesgo una operación.