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Con una experiencia de más de 50 años dentro del periodismo, es actualmente secretario general del Sindicato Nacional de Redactores de la Prensa (SNRP), que funciona desde 1923 y que tiene delegaciones en estados de la república mexicana como Guerrero, estado de México, Oaxaca, Sinaloa o Morelos, entre otros. También es vocal de la Federación de Periodista de América Latina y el Caribe (FEPALC) y, desde el año pasado, consejero suplente de la Federación Internacional de Periodistas (FIP).

Periodista de profesión, ha trabajado en diferentes medios informativos. En los años sesenta del pasado siglo, fue reportero de El Sol del Valle de México, que se editaba en Ciudad Nezahualcóyotl, así como de Agenda Informativa de México y la revista Gama de Noticias. Fue corresponsal del diario Ovaciones y, posteriormente, del periódico diario Cine Mundial. Coordinador en el estado de México del diario Cuestión (ya en el siglo XXI), corresponsal del Diario Impacto y, recientemente, coordinador del Diario «El Valle». Actualmente, está encargado de la página electrónica snrpoficial.org, que es el órgano informativo del SNRP.

 Fernando Olivas 1 

-Presénteme al Sindicato Nacional de redactores de Prensa (SNRP) de México, del que usted es secretario general

 

-Es la organización más antigua de defensa de periodistas en México. Son ya 95 años de trayectoria en los que hemos venido custodiando las distintas etapas del desarrollo de la prensa en nuestro país, con el objetivo de generar mecanismos que coadyuven a la protección y fortalecimiento profesional del gremio. No se trata de un sindicato como los típicos mexicanos, que funcionan a través de prebendas o contratos gubernamentales, nuestra organización mantiene un carácter autónomo y organizado a través de secciones distribuidas a lo largo de la República.

 

-¿A cuántos profesionales agrupa?

 

-Durante muchos años hemos tenidos secciones que firmaban un contrato colectivo de trabajo, pero, en las últimas décadas, la situación laboral se ha puesto cada vez más difícil y es ahí cuando se han creado delegaciones en las que los periodistas que las integran en los diferentes estados de la República mexicana han optado por un sistema más directo como una manera de conservar el empleo, aunque tengan que renunciar  a situaciones como un contrato colectivo de trabajo o a los servicios médicos. Es una manera de poder seguir trabajando, y eso ha permitido que los patrones muchas veces omitan los servicios sociales o bien que creen un sindicato propio a su modo, para seguir conservando el control y recuento de los trabajadores. Actualmente se cuentan un promedio de 13 estados donde tenemos delegaciones y son aproximadamente 1.500 periodistas los que las integran.

 

En su caso, sin duda la labor del Sindicato va más allá de la de una simple organización grupal profesional. ¿Con qué tipo de actuaciones?

 

-México es uno de los países más lacerados por las agresiones a la prensa. Nuestras acciones incluyen los apoyos para las familias de periodistas que han sido víctimas de la violencia; la presión política para que se adopten medidas más contundentes de protección a la libertad de prensa; la creación de materiales bibliográficos, además de foros de intercambio y capacitación de los periodistas en ámbitos profesionales y de seguridad; la puesta en marcha de programas y campañas para exigir respeto a la labor periodística; además, tratamos de hacernos eco de las diferentes denuncias provenientes de colegas periodistas de toda la República mexicana.

 

-Cuando las cosas son tan complicadas como lo son en México para los periodistas, ¿es más importante que en otros lugares la existencia de un sindicato fuerte?

 

-Creemos firmemente que un sindicato sólido es capaz de ejercer una mayor presión a nivel nacional, además de que nos permite también actuar de forma incisiva y oportuna a un nivel local a lo largo de la extensa geografía nacional.

 

-¿Ejercer el periodismo en México se ha convertido, en  términos generales, en una labor de alto riesgo, o estamos hablando de casos aislados y concretos?

 

-Nos parece que, hoy más que nunca, el periodismo se ha convertido en una actividad de alto riesgo en México de forma generalizada. Las estadísticas y datos, nuestros y de diferentes organizaciones, dan cuenta de que nuestro país ha superado incluso a territorios bajo conflicto bélico o graves crisis políticas o militares, motivo por el cual nos consideramos actualmente en alerta máxima y en campaña permanente para reducir el grave deterioro y nivel de amenaza que enfrentan los trabajadores de la prensa en México.

 

-¿Puede facilitarme los datos de profesionales amenazados, agredidos, secuestrados y asesinados en su país de los que dispone su Sindicato?

 

-En el SNRP tenemos una lista preliminar de 15 comunicadores asesinados durante el 2017 en México, aunque estamos trabajando para definir con certeza y documentación los casos que estuvieron ligados a su actividad periodística. De hecho, uno de los objetivos primordiales del sindicato para este año en curso es el lanzamiento de un programa (Semáforo de impunidad) de seguimiento en tiempo real, para tener un diagnóstico, en todo momento, del estado que siguen las investigaciones en torno a cada uno de los casos. Para este programa ya hemos comenzado un diálogo con la Fiscalía Especializada Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), así como con familias de periodistas afectados, para obtener datos de primera mano que nos permitan mantener, en todo momento, una cifra y diagnóstico que defina con certeza cuáles son los casos de periodistas que han sido agredidos por su labor profesional, así como el nivel de impunidad que persiste en cada caso. Es una forma de presión y de mantener viva la exigencia de justicia para cada situación. Lamentablemente, las amenazas son tantas, que hasta la fecha no existe un diagnóstico preciso, aunque es algo sobre lo que también consideramos importante trabajar.

 

-¿Desde cuándo es peligroso ejercer el periodismo en México y por qué?

 

-De acuerdo a estadísticas nuestras y de organizaciones como el Committee to Protect Journalists o Artículo 19, que mantiene un registro anual en México, las agresiones contra periodistas se acentuaron a partir del 2006, coincidentemente con el tiempo en que se intensificó la llamada «Guerra contra las drogas», que ha generado un derramamiento de sangre que afecta, y es evidente, no sólo en el gremio periodístico, sino en toda la sociedad mexicana.

 

-¿De dónde parten las presiones y las exigencias de silencio? ¿De las mafias? ¿De las grandes empresas? ¿De las autoridades? ¿Del Gobierno? ¿De un compendio de todos estos poderes?

 

-Diversos estudios han documentado que la mayoría de las agresiones contra periodistas proviene del narcotráfico y de sectores gubernamentales. Lamentablemente, la verdad en México es algo que incomoda, y esto se ha visto reflejado en muchos casos en intereses que buscan cortar de tajo la libertad de expresión. También vemos cada vez más casos donde, efectivamente, las exigencias de silencio parecieran provenir de un conjunto de intereses, los cuales, además de abarcar representantes gubernamentales, en la mayoría de casos están vinculados a la delincuencia organizada.

 

-¿Cuáles son los temas «tabú» que un periodista no debe tratar en México si no quiere ponerse en peligro?

 

-Definitivamente el narcotráfico y la narcopolítica son los temas de mayor riesgo. Varios periodistas han sido asesinados en los últimos años por abordarlos, y muchos más viven en el exilio o bajo protección permanente por este mismo motivo. No obstante, también persisten peligrosos intereses que buscan ocultar o mantener en sigilo las graves atrocidades que las organizaciones criminales suelen cometer.

 

-¿Saber que México es uno de los países más peligrosos en la actualidad para trabajar como periodista supone una autocensura para quiénes ejercer la profesión? ¿Es factible para los profesionales de la información trabajar con cierta normalidad?

 

–Lamentablemente, este clima de incertidumbre y amenaza constante inhibe la labor periodística y muchos trabajadores de los medios callan cuestiones que conocen y que deberían hacerse públicas, pero que no se ventilan pues pueden poner en riesgo su vida. Muchos optan por evitar meterse en problemas, y quienes se atreven a abordarlos saben que deben tomar múltiples previsiones pues, en definitiva, esto no es una labor que pueda realizarse con la normalidad que los periodistas quisiéramos. En México se sabe que para investigar ciertos temas es importante estar preparado y también protegido ante la grave situación actual.

 

-¿Esta situación se vive en todo el país o en determinadas zonas concretas?

 

-Nos parece que el clima actual da pie a que en cualquier estado y en cualquier momento se pueda llegar a presentar un nuevo ataque contra periodistas. No obstante, también hay que reconocer que hay regiones donde este fenómeno se percibe de forma más aguda, nuevamente coincidiendo con lugares donde tiene gran presencia y capacidad operativa el crimen organizado, y particularmente el narcotráfico. Esto es evidente con los datos de agresiones en estados portuarios como Veracruz, Oaxaca, Guerrero, Michoacán, así como también fronterizos con Estados Unidos, como Tamaulipas y Chihuahua.

 

-En México, el problema de la impunidad se suma al del terror. ¿Cuál es el porcentaje de asesinatos y agresiones a periodistas que se resuelven, según sus datos?

 

-Con el mencionado proyecto de Semáforo de Impunidad pretendemos dar una cifra muy exacta. Queremos contar con toda la documentación necesaria para evidenciar aquellos casos en los que no se han tenido avances suficientes, buscando también otorgar una calificación al nivel de impunidad de cada caso en concreto. No obstante, con los datos que tenemos confirmados hasta la fecha, podemos adelantar que tenemos una tendencia a mantener un alto nivel de impunidad, no sólo respecto a la detención de los culpables, sino también en cuanto a su condena, al apoyo a las víctimas, y a las medidas para evitar que crímenes de esta naturaleza se sigan repitiendo, que son factores que, de igual forma, consideramos parte del proceso integral de justicia que debemos exigir.

 

-¿Quiénes son los responsables de esa impunidad?

 

-Sin duda que todos como sociedad tenemos parte de esa responsabilidad. Incluso en nosotros, como defensores de periodistas, cuestiona nuestro papel, y nos empuja a buscar acciones más eficientes para aminorar el grave deterioro. No obstante, consideramos que en las autoridades gubernamentales recae gran parte de la competencia y capacidad para hacer frente a este mal, y por tanto aquí recae también una proporción considerable de las exigencias para generar mecanismos más eficientes, pues a fin de cuentas son este tipo de entidades las que tienen la capacidad judicial, así como mayores facultades preventivas para evitar el deterioro que tiene actualmente en jaque a la libertad de prensa.

 

-El Gobierno de Peña Nieto se ha comprometido a luchar contra esta falta de resolución de los ataques y crímenes desde varios de sus departamentos. Sin embargo, no parece que esos anuncios se hayan traducido en una realidad fehaciente. Por el contrario, hay quien afirma que la situación ha empeorado en los últimos años.

 

-Si nos basamos únicamente en los datos duros, nos parece que al inicio del sexenio se hicieron algunos esfuerzos que redujeron los índices registrados en el periodo anterior. No obstante, conforme ha venido avanzando la administración del actual mandatario, las cifras han ido incrementándose, por lo que consideramos que, si no se toman las acciones oportunas y se revierte esta tendencia creciente de agresiones, el sexenio podría terminar tan mal como el anterior o incluso peor. De todos modos, no nos parece que lo más importante sea ver cuál periodo fue peor o mejor, sino que lo verdaderamente grave es que ya se ha cumplido más de una década sin que se vea un contundente cambio que reduzca los alarmantes niveles de impunidad y agresiones a la prensa que se vienen manifestando desde que inició esta guerra que ha costado ya decenas de miles de vidas.

 

-Estamentos y organismos internacionales, entre otros, muchos formados por periodistas, como la propia FAPE, han pedido en repetidas ocasiones que se adopten medidas que protejan a los redactores mexicanos y acaben con la impunidad para sus atacantes. ¿Sirven de algo estas llamadas desde fuera del país?

 

-Sin duda alguna, nos parece que los pronunciamientos y acciones realizadas por organizaciones hermanas, como la FAPE, son una llamada de atención importante. El escrutinio internacional se ha vuelto un factor de peso que ha motivado la rendición de cuentas y ha elevado la exigencia de justicia más allá de las fronteras, generando una presión importante para que los responsables actuales ejerzan de mejor forma su papel.

 

-Para terminar: ¿Puede atisbarse una solución para la actual situación del periodismo en México?

 

-El problema del periodismo en México, como la situación en general en el país, es un tema complejo y que involucra múltiples factores. Por desgracia, no hay a la vista una vía que se proyecte como una solución definitiva al problema, pues es algo que también está muy ligado al clima social actual. Creemos que sí se pueden ir concretando pasos que permitan un mejoramiento gradual de la situación, lo cual sería, al menos, un primer avance para sacar al país de esas bochornosas listas de naciones más peligrosas para ejercer el periodismo, algo que sólo será posible con el trabajo constante de múltiples actores sociales, incluidas también las organizaciones y sociedad civil.