Cambiando la denominación del contrato, ocultando las funciones y el trabajo a realizar y limitando las ofertas a entidades y no a personas físicas. Así ha resuelto la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación el expediente de contratación del Servicio de Gabinete de Comunicación y Prensa de la Delegación Territorial de Sevilla, que tenía previsto hacer extensivo al resto de delegaciones andaluzas, y que la Administración paralizó ante el rechazo y la denuncia pública de la Asociación de la Prensa de Sevilla (APS) por considerar la oferta abusiva y precaria, rechazo y denuncia que fueron apoyados por la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE).
En un nuevo comunicado, asumido y respaldado por la FAPE, la APS considera un insulto y un desprecio a los periodistas el nuevo expediente de contratación que la Delegación Territorial de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Sevilla ha publicado con fecha 31 de marzo, Miércoles Santo, antesala de un periodo de cuatro días festivos en la ciudad y con solo cinco jornadas hábiles para concurrir, ya que el plazo finaliza el día 9 de abril, viernes, a las 15.00 horas. Y más aún lo es cuando, una vez retirada la convocatoria, responsables de la Consejería se habían comprometido a modificar y revisar tanto la retribución como las funciones a desempeñar en la prestación de este servicio de comunicación cualificado para una administración pública.
La nueva licitación, en esta ocasión para la denominada contratación del «Servicio de Asistencia Técnica de Comunicación», posee la misma dotación económica -14.900 euros anuales (IVA excluido)-, que la que se viera obligada a retirar tras la denuncia, por parte de la APS, de las condiciones laborales y salariales indignas para los profesionales de la comunicación que pudieran concurrir a la oferta. Además, el pliego de prescripciones técnicas de la actual convocatoria no recoge las funciones que ha de desempeñar esa supuesta «Asistencia Técnica de Comunicación» objeto del contrato, indicando, exclusivamente, que «la entidad adjudicataria vendrá obligada a realizar las actividades y tareas de asistencia técnica de comunicación a la Delegación Territorial de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de Sevilla». Asimismo, el citado pliego señala igualmente que será la entidad adjudicataria la que, para la adecuada prestación del servicio, destine todos los medios materiales, técnicos y profesionales propios. En las nuevas condiciones se habla, en todo momento, de entidad adjudicataria y no de adjudicatario, por lo que cabría deducir que se cierra la posibilidad a que una persona física, un periodista, de manera individual, como autónomo, pueda concurrir.
Cabe recordar que el primer expediente de contratación publicado por la Delegación Territorial de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, objeto de la denuncia de esta asociación profesional, dotaba económicamente este servicio cualificado de información y comunicación con un máximo previsto de 14.900 euros anuales (IVA excluido), teniendo los aspirantes que aportar, además, todos los medios materiales, técnicos y profesionales propios para la adecuada prestación del servicio.