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La Junta Directiva de la

Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) se ha pronunciado respecto de las denuncias sobre manipulación informativa en los medios de carácter público.

1º.- Los medios públicos de información gestionados con criterios periodísticos son una garantía constitucional de libertad de información y expresión, pluralismo y rigor informativo y su convivencia con los medios privados es la mayor garantía del cumplimiento del Artículo 20 de nuestra Constitución.

2º.-La FAPE quiere mostrar su respaldo más firme a todos los periodistas que trabajan en los medios públicos de información, prensa, radio y televisión, ante los constantes ataques que sufren desde los poderos públicos propietarios de estos medios y que atentan contra los más elementales principios de los profesionales, tanto en su condición de periodistas como de trabajadores.

3º.-Hacemos un nuevo llamamiento a los responsables públicos y a sus partidos políticos para que respeten y hagan respetar la independencia en sus medios de comunicación, siendo este el mejor servicio que pueden prestar al sistema democrático y a la convivencia. Los partidos políticos con responsabilidades institucionales tienen la obligación de preservar unos medios públicos que ofrezcan servicios a los ciudadanos basados en los intereses generales y no en los de partido, con respeto absoluto al código deontológico de la profesión y al trabajo de los periodistas.

4º.-La Federación de Asociaciones de Periodistas de España recuerda que los poderes públicos deben ser especialmente escrupulosos en el respeto a la independencia de los medios de comunicación, tanto públicos como privados, y dar ejemplo diario rechazando prácticas abusivas y contrarias al espíritu constitucional, como el nombramiento de cargos directivos en los medios sin capacitación alguna y por su adscripción política, la convocatoria de ruedas de prensa sin preguntas, el uso de la publicidad como forma de presión a los medios, la discriminación, marginación y despido en las empresas de profesionales independientes y de prestigio o la imposición de bloques electorales, entre otras muchas prácticas deleznables que pretenden anular a la profesión y presentar a los medios como meros soportes de propaganda.