La Federación de Asociaciones de Periodistas (Fape) ha instado a terminar con la aplicación de «normas penales desproporcionadas» contra los periodistas que informan sobre actividades supuestamente ilícitas de determinadas autoridades públicas.
Según ha recordado esta asociación, la libertad de prensa «es un valor supremo de las democracias que ha de conjugarse con otros derechos individuales».
Además de esta petición, la Fape ha criticado las negativas de los gobernantes a asumir públicamente explicaciones ante los ciudadanos, «practicada reiteradamente con la convocatoria de ruedas de prensa sin derecho a preguntas.
Los juicios paralelos, la compra de testimonios y la anulación de la presunción de inocencia, «que es uno de los pilares del sistema de justicia además de una garantía contra los abusos del poder», también han sido recordados por la federación en este documento.
La Fape ha recordado que en España coincide esta conmemoración con una grave crisis en el sector, que se ha traducido en los últimos cinco años en la pérdida de unos 11.000 empleos de profesionales del periodismo, el cierre de decenas de medios, el aumento del intrusismo, la precariedad laboral generalizada y el acoso de los poderes a la profesión periodística.
«Manifestamos nuestro más firme compromiso con la defensa de la libertad de prensa y entendemos que la mejor forma de fortalecerla es el ejercicio responsable del periodismo por los periodistas y los editores, basado en el estricto cumplimiento de las normas éticas y deontológicas y en valores como la integridad y el rigor profesional»,