La Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) insta al Gobierno de Pedro Sánchez y a los ejecutivos autonómicos a reunirse cuanto antes para resolver de forma definitiva el problema de los periodistas docentes de Literatura y Lenguas, habilitándoles para impartir dichas materias.
La FAPE, que forma parte de la Plataforma de Profesores Periodistas Docentes de estas materias, ha denunciado en varias ocasiones el decreto (de 2010 y modificado parcialmente en 2015) que excluyó a los profesionales de la información de dichas enseñanzas con el peregrino e injustificado argumento de que el periodismo había pasado a ser considerada una carrera de Ciencias Sociales y Jurídicas en lugar de Humanidades.
Esta normativa produjo de hecho el envío al paro de centenares de periodistas que habían estado impartiendo dichas materias sin problema alguno, ya que previamente habían cursado el máster de Formación del Profesorado.
La FAPE ha mantenido encuentros con los principales grupos del Congreso de los Diputados, así como de parlamentos autonómicos, que han mostrado su interés por buscar una rápida solución a este problema que ha llevado al paro a centenares de periodistas, pese a contar con la formación específica. De hecho, ya hay iniciativas parlamentarias en marcha, aunque la Federación considera conveniente que se adopte a la mayor brevedad una posición sobre la modificación del decreto vigente.
Desde la FAPE y la Plataforma se considera necesario que los gobiernos nacional y autonómicos acuerden incluir los siguientes criterios para la habilitación definitiva de los licenciados o graduados en Periodismo y Comunicación Audiovisual (más adelante en la rama de Comunicación) como profesores de ESO y Bachillerato en las especialidades de Lengua Castellana y Literatura y Lenguas Extranjeras:
-Que el Máster de Formación del Profesorado (MAES/MFP) en las especialidades de Lengua Castellana y Literatura y Lenguas Extranjeras al que tuvieron acceso y admisión los licenciados o graduados en la rama de Comunicación, tenga carácter habilitante.
-Que el Ministerio de Educación y Formación Profesional (MEyFP) habilite/capacite de forma definitiva, mediante la aplicación de la Directiva 2005/36/CE, a los licenciados o graduados en la rama de Comunicación para el ejercicio de la docencia en centros docentes privados o concertados en las asignaturas de Lengua Castellana y Literatura y Lenguas Extranjeras con el respectivo certificado de idiomas, así como para poder optar a las bolsas extraordinarias de las especialidades mencionadas anteriormente. Para ello, se instará a las comunidades autónomas a que, en el ejercicio de sus competencias, modifiquen los decretos autonómicos que rigen dichas bolsas para poder dar acceso a los habilitados.
-Que las comunidades autónomas reconozcan el tiempo de servicio de los licenciados o graduados en la rama de Comunicación que trabajaron en el periodo comprendido entre la entrada en vigor del Real Decreto 860/2010 hasta la actualización del mismo en el RD 665/2015 o a posteriori, tal y como ha ocurrido en comunidades autónomas como Andalucía, Madrid, Asturias o Cataluña.
-Que el MEyFP aplique la Disposición Adicional Primera del Real Decreto 860/2010, vigente en el Real Decreto 665/2015 (prórroga de la actividad docente) en términos no restrictivos, habilitantes y con carácter extensivo para todos aquellos licenciados o graduados en la rama de Comunicación que, desde 2010 hasta hoy, se encuentran trabajando en centros privados o concertados en las materias anteriormente indicadas con el visto bueno de la Inspección General y las comunidades autónomas.
-Que aquellos licenciados o graduados en la rama de Comunicación que obtuvieran el extinto Certificado de Aptitud Pedagógica (CAP) en las especialidades de Lengua Castellana y Literatura o Lenguas Extranjeras antes del curso 2009/2010, tengan el mismo tratamiento que los estudiantes del Máster de Formación del Profesorado (MFP/MAES) ofrecido por las universidades españolas.
-Que el MEyFP informe a las comunidades autónomas, delegaciones territoriales de Educación y patronales de centros concertados y privados sobre las instrucciones del proceso de obtención de la certificación mediante la Directiva 2005/36/CE y así se unifiquen los criterios en todo el territorio español.