La Mesa del Congreso de los Diputados ha aprobado respaldar «unánimemente» el Manifiesto en defensa del Periodismo elaborado por la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE), con motivo del Día Mundial de la Libertad de Prensa, celebrado el pasado 3 de mayo.
Este respaldo es fruto del convencimiento «de que el sistema democrático precisa de la existencia de una prensa libre, independiente, fuerte y plural, y desde la preocupación por el futuro de un sector profesional que desde el comienzo de la crisis está padeciendo con especial intensidad los efectos del desempleo y la precariedad laboral», según señala el Grupo Socialista, promotor de la propuesta.
El manifiesto de la FAPE, que lleva por lema ‘Sin periodistas no hay periodismo. Sin periodismo no hay democracia’, subraya que la actual «crisis económica e institucional que vive España coloca a los periodistas ante el reto de ejercer la profesión con la máxima responsabilidad», que obliga «a contrastar los hechos, verificar las fuentes, huir del amarillismo que convierte el periodismo en mercancía barata, y respetar la presunción de inocencia, el derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen».
El texto también señala que los periodistas deben «resistir las presiones, procedan de donde procedan, y suprimir la connivencia con los poderes» que, a juicio de la FAPE, constituyen «uno de los factores principales de la pérdida de credibilidad y prestigio». «Poco serviría la responsabilidad del periodista si no viene acompañada del respeto máximo a la libertad de expresión por parte de los representantes públicos», apostilla la declaración.
En este punto, la asociación «constata la existencia de serias trabas por parte de dichos representantes», en alusión a las ruedas de prensa sin derecho a preguntas. «Los políticos han buscado el atajo del silencio para vetar el derecho a la palabra y la pregunta y hurtar al ciudadano la respuesta a los graves problemas que sufren», precisa la FAPE, que también denuncia «el aumento de presiones hacia medios y periodistas que, con independencia y rigor, investigan los abusos de poder, especialmente los ligados a la corrupción».
Además, alerta de que el informe de la comisión de expertos que servirá de base al anteproyecto de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal «presenta serios límites a los derechos de información y a la libertad de expresión».
Por todo ello, la FAPE subraya que la libertad de expresión «es uno de los baluartes de la democracia al actuar como motor imprescindible del fomento de la convivencia, el diálogo y el debate cívico» y exige a los responsables públicos «la rendición de cuentas sobre sus decisiones y actividades en el ejercicio del poder».
También reclama la defensa de «unas condiciones dignas de trabajo y de la igualdad salarial entre hombres y mujeres», y adelanta su oposición «a cualquier proyecto del Gobierno que trate de imponer límites a los derechos de información y a la libertad de expresión», entre otras demandas.