La Federación de Sindicatos de Periodistas (FeSP) y la Red de Medios Comunitarios (ReMC) han elaborado un informe sobre la libertad de expresión en España, en el que constatan el «retroceso que se está viviendo en esta materia» ante el incremento de agresiones a informadores y la presión contra las radios comunitarias.
Este informe ha sido enviado a distintas organizaciones internacionales y españolas, así como a todos los grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados y a la institución del Defensor del Pueblo.
En cuanto a las agresiones a periodistas y fotoperiodistas, el documento asegura que ha habido un incremento de este tipo de acciones por parte de algunos agentes de los Cuerpos y Fuerzas de la Seguridad del Estado y de policías autonómicos, cuando desempeñan su trabajo en manifestaciones y protestas públicas.
Según el informe, estas agresiones y obstáculos en su tarea las padecen sobre todo los freelances y los colaboradores de publicaciones modestas y emisoras comunitarias, «de manera especial cuando registran las detenciones de manifestantes o las cargas de los agentes contra ellos».
En el informe también denuncian que el Gobierno central y los de varias comunidades autónomas incumplen la Ley General de Comunicación Audiovisual y no responden o deniegan las solicitudes de licencias para emisoras de radio y televisión comunitarias sin ánimo de lucro.
En este sentido, las organizaciones recuerdan que, pese a los cuatro años transcurridos desde la aprobación de esa ley, el Gobierno central aún no ha aprobado las disposiciones que prevé dicha norma respecto de las emisoras comunitarias, «lo que es utilizado por algunas comunidades autónomas como excusa para negar las solicitudes de licencias».
Respecto al incumplimiento de la legislación audiovisual, la titular de la institución del Defensor del Pueblo, Soledad Becerril, estudió la situación y, a finales de 2012, envió un recordatorio a la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información (Ministerio de Industria, Energía y Turismo) sobre la obligación que tiene de desarrollar reglamentariamente la citada ley, «sin que lo haya hecho».
«Como consecuencia de ese incumplimiento de la ley por parte del Gobierno central y los de varias autonomías, que no conceden las licencias, numerosas emisoras comunitarias de radio y televisión han sido presionadas y expedientadas por distintas administraciones (estatal y autonómica) para que cesen sus emisiones, porque carecen de licencia», concluye el documento.