Las Asociaciones de la Prensa de las nueve provincias de Castilla y León, representadas a su vez en la comisión gestora del Colegio de Periodistas de esta Comunidad, instamos a las empresas periodísticas a que respeten los derechos laborales de los profesionales de la información, con el fin de que no se vean mermados principios fundamentales en el desarrollo de su trabajo, como la independencia y la equidad.
La reducción de plantillas y la precariedad laboral se han convertido, por desgracia, en una norma común en la mayoría de los medios de comunicación en España, debilitando su imprescindible labor social y de respaldo de los derechos de los ciudadanos, una tarea fundamental para el refuerzo de nuestra democracia.
Además, estamos comprobando situaciones que no se pueden consentir y que pueden incidir negativamente en la calidad de los contenidos.
Asimismo denunciamos que el elevado paro en el sector está propiciando que los editores rebajen las condiciones salariales de los trabajadores en plantilla y abonen cantidades humillantes a los colaboradores.
Esta política empresarial incluye a los corresponsales de medios nacionales, cuyo pago por pieza adquiere niveles indignos hasta el punto que en ocasiones deben de poner dinero por trabajar, ya que la cobertura de las informaciones les genera más gastos que lo que perciben por las crónicas.
En los últimos meses se ha registrado en Segovia un cierre patronal, con impago de hasta nueve nóminas a once trabajadores –ocho de ellos periodistas-, y ahora contemplamos con indignación la dramática situación que atraviesan los extrabajadores de El Adelanto de Salamanca y Zamora, a los que la empresa –vinculada a la familia de una parlamentaria popular- les adeuda más de 500.000 euros, así como los de la Crónica de León, que han iniciado acciones judiciales para cobrar siete nóminas que se les adeudan.
En línea con el código deontológico de la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE), la mayor organización profesional del sector, que respalda este comunicado, el periodista tiene derecho a unas dignas condiciones de trabajo, tanto en lo que se refiere a la retribución, como a las circunstancias materiales y profesionales en las que debe desempeñar su tarea.
Unos periodistas mal pagados, y más si no perciben salario alguno, difícilmente podrán resistir las presiones de los poderes.
El papel de contrapoder de la prensa queda reducido a la mínima expresión si se mantiene la precariedad laboral y salarial.
A su vez, editores sin escrúpulos dejan de considerar a los periodistas como profesionales a respetar para convertirse en números que pueden ser tachados en cualquier momento. Es lamentable, pero ha desaparecido la empresa periodística, con su responsabilidad ética, para convertirse sólo en “empresa”.
Reiteramos que los medios de comunicación fomentan la pluralidad de ideas y la democracia, a la vez que pedimos a los empresarios responsabilidad para gestionar los proyectos periodísticos en sus manos, que también vienen a enriquecer los valores de una sociedad bien informada, y mantengan una actitud que no lleve al traste, no sólo el futuro profesional de los trabajadores, sino la calidad de la información.