La Santa Sede confirma así su resolución de combatir con mano firme el robo y la filtración de documentos reservados, base del escándalo por despilfarro y malversación que sacude desde hace una semana a la Curia. El anuncio de la investigación judicial ha sido hecho oficial mediante una nota oficial del portavoz de la Santa Sede, Federico Lombardi. «La magistratura vaticana ha adquirido elementos que demuestran con evidencia la complicidad en el delito de robo de documentos, una infracción introducida por el papa Francisco en julio del 2013», precisa el comunicado.
En la nota, el portavoz del Papa advierte que se investiga la posición de «otras personas, que por su función», cooperaron con los periodistas. La divulgación de documentos reservados «contra la seguridad del Estado», es castigada con una pena de 4 a 8 años de cárcel. Dos libros, escritos por los periodistas y lanzados la semana pasada, destaparon casos de corrupción, despilfarro y malversación en la Curia Romana y se basan en documentos, grabaciones, correos electrónicos, actas de reuniones y fotos sustraídos a las oficinas del Vaticano.
El escándalo estalló hace diez días con la detención del cura español Lucio Angel Vallejo Balda, acusado de divulgar documentos confidenciales. Además de Vallejo Balda, de 54 años, miembro del Opus Dei, fue detenida y sucesivamente liberada Francesca Chaouqui, consultora como Vallejo Balda de la comisión creada en 2013 para estudiar la reforma económica y organizativa de la Santa Sede.
Los dos libros, ‘Vía Crucis’, de Nuzzi, y ‘Avaricia’, de Fittipaldi, revelan también la resistencia interna contra las reformas propuestas por el papa Francisco. Los magistrados del Vaticano abrieron también una investigación sobre la filtración de documentos de la Administración del Patrimonio de la Sede Apostólica (APSA), la entidad encargada de administrar el inmenso patrimonio inmobiliario de la Santa Sede.
En otra nota divulgada ayer miércoles, el Vaticano precisó que con esos documentos se informa en «forma parcial e imprecisa» sobre las actividades de APSA. Según las denuncias de Nuzzi y Fittipaldi, un banquero italiano utiliza la entidad para lavar dinero y los alquileres pagados por inquilinos no corresponden en algunos casos al precio del mercado.